Valencia policial, condiciones del sistema carcelario, trabajo esclavo,
violencia contra pueblos indígenas y campesinos sin-tierra, impunidad y
amenazas a defensores de derechos humanos fueron los temas abordados en el
capítulo brasileiro del informe anual, elaborado por la organización Human Rights
Watch, divulgado el 14 de enero. Según la ONG, la tortura permanece como un
serio problema de derechos humanos en el país.
"Las áreas metropolitanas de Brasil están infectadas por violencia
a gran escala perpetrada por pandillas delictivas y policía abusiva. La
violencia afecta principalmente a comunidades de baja renta. Cerca de 50 mil
homicidios ocurren cada año en Brasil", se dice en el informe. La
violencia policial, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, es considerada
por la ONG como un problema crónico. El informe cita el caso de Río de Janeiro,
donde la policía es señalada como responsable de aproximadamente uno de cada
cinco asesinatos en los primeros seis meses de 2008.
El informe es enfático al afirmar que la tortura permanece siendo un serio
problema en Brasil. El documento cita datos de la Comisión Parlamentaria de
Investigación sobre las condiciones del sistema carcelario, en la cual se
concluyó que el sistema nacional de detención está contaminado por
"tortura física y psicológica". En diversos estados, la comisión
registró la presencia de "cicatrices de tortura" en los detenidos.
Los atrasos en el sistema judicial contribuyen al atraso, según el análisis de
la ONG.
Sobre el trabajo esclavo, el informe resalta que a pesar de los esfuerzos
gubernamentales para erradicarlo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)
registró 8.653 personas en condiciones de esclavitud en 2007. De ese total,
5.974 fueron liberadas. La ONG elogia los avances ocurridos en el combate del
trabajo forzado, pero enfatiza la necesidad de responsabilizar a los
empleadores, que permanecen en la impunidad.
La cuestión agraria también fue abordada por el informe, principalmente
en lo que respecta a los conflictos rurales y a la violencia contra los
indígenas. Datos de la CPT evidencian que, en 2007, 28 personas fueron
asesinadas y 428 detenidas en conflictos rurales en todo el país. En marzo de
2008, Welinton da Silva, líder del Movimiento de los Sin-Tierra fue alcanzado
por un tiro en la pierna durante una protesta en Maranhão.
El informe destaca además que asegurar la responsabilización de las
violaciones de los derechos humanos continúa siendo un gran desafío en el país.
El documento cita el caso del asesinato de la misionera Dorothy Stang,
asesinada en 2005. El instigador del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura, fue
declarado inocente en mayo de 2008. Menciona también el hecho de que Brasil
nunca procesó a los responsables de las atrocidades cometidas durante el
período de la dictadura militar.
Finalmente, el documento cita la resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de mayo de 2008, en la que se afirma que Brasil no cumplió
completamente la sentencia de 2006, sobre el caso Damião Ximenes Lopes. "A
pesar de que las indemnizaciones fueron pagadas a la familia Ximenes, nadie fue
culpado por la tortura y por el asesinato, en 1998, de Damião, un paciente
psiquiátrico en Ceará", resalta.
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